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Antonio Galván, número 1 al Senado por el PP en Badajoz, declarará como imputado por delito electoral

Antonio Galván, número 1 al Senado por el PP en Badajoz, declarará como imputado por delito electoral

Galván está citado el próximo día 3 de febrero para declarar sobre el empadronamiento irregular de 63 vecinos poco antes de las elecciones de 2011 | El PP ha emitido una escueta nota en la que asegura que sustanciar de nuevo el caso obedece "únicamente a la interposición de un recurso que evidentemente tiene claros efectos electoralistas"

María Fernández

Viernes, 11 de diciembre 2015, 16:38

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Antonio Galván Porras, cabeza de lista al Senado por el Partido Popular en la provincia de Badajoz y alcalde de Calzadilla de los Barros y que ya ha sido senador en la legislatura que acaba de concluir, declarará como imputado por un delito electoral, en concreto, por un delito de prevaricación, ya que supuestamente participó en la modificación del censo pocos meses antes de las elecciones de 2011.

El juzgado número 2 de Zafra investiga el empadronamiento irregular de 63 vecinos. Galván está citado el próximo día 3 de febrero a las 10 horas para prestar declaración sobre las fechas de alta y baja en el censo electoral de Calzadilla de los Barros una serie de personas y el procedimiento para la elaboración del padrón municipal.

El Partido Popular ha emitido una escueta nota en la que asegura que sustanciar de nuevo el caso obedece "únicamente a la interposición de un recurso que evidentemente tiene claros efectos electoralistas". "Se trata de un caso que ya ha sido archivado en dos ocasiones y en el que tanto la Policía Local como la Secretaría General han emitido informes que eximen de cualquier responsabilidad al actual alcalde", añadiendo que dichos documentos se pondrán a disposición judicial.

Penas

La norma (artículo 139. 1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) especifica que los funcionarios públicos que incumplan las normas para la formación, conservación y exhibición del censo electoral serán castigados con penas de seis meses a dos años de cárcel y de seis a 24 meses de multa. Asimismo, la prevaricación administrativa también está penada con la inhabilitación para el empleo o cargo público por un periodo de tiempo comprendido entre siete y diez años, según el artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Tal y como contó HOY, la denuncia partió del PSOE local, que entregó a Fiscalía el censo de personas en algunas viviendas que estaban en estado ruinoso, otras inhabitables, en cortijos y en el hostal de la localidad. Tras ser archivada en un principio la denuncia por el juzgado zafrense, la Audiencia Provincial de Badajoz ordenó reabrir el caso al atisbar indicios de un posible delito electoral.

Dos concejales del PP de Calzadilla de los Barros, otros cuatro exediles de esta formación, el policía local del municipio y el antiguo secretario, José Antonio Manzano, han sido investigados por el supuesto empadronamiento irregular. Actualmente, además del alcalde están imputados Sebastián Rojas, Miguel Ángel Granero y María Luisa Galvá.

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