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Superficie adehesada en el término municipal de Feria, junto a la carretera nacional 432.
La región se enfrenta a una multa de 79 millones por ayudas europeas a pastos

La región se enfrenta a una multa de 79 millones por ayudas europeas a pastos

La Junta tiene recurrida ante el Supremo otra sanción de 10 millones al estimar que si hubo fallos fueron responsabilidad del Estado por el Sigpac

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 7 de diciembre 2016, 23:01

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Las ayudas que la Unión Europa concede a los pastos que sirven de alimento al ganado vuelven a dar un dolor de cabeza importante a la región, que con 1,4 millones de hectáreas cuenta con la mayor superficie de España.

El Gobierno ha iniciado el procedimiento para multar con 79 millones a Extremadura por las campañas de la PAC (Política Agraria Común) de 2010, 2011, 2012 y 2013 en relación a la cuantificación de la superficie de pastos que conllevan ayudas. El problema añadido es que llueve sobre mojado. El Ministerio de Agricultura ya colocó otra sanción a la Junta de 10 millones respecto a los años 2007 y 2008. El Ejecutivo extremeño ha llevado esa decisión al Tribunal Supremo.

Estas ayudas las cobran en su totalidad los ganaderos y se conceden en función de la superficie de pastos que tiene cada uno. El problema viene porque la Junta de Extremadura y Bruselas mantienen diferencias sobre cómo se calcula esa superficie. La UE considera que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no puede ser considerada como pastos. Por lo tanto, la institución europea calcula que la extensión que tiene derecho a ayudas es inferior a la que se ha pagado y por lo tanto exige la devolución de la diferencia. Es lo que en lenguaje técnico se conoce como «correcciones financieras».

En realidad, Bruselas impone la multa a España como Estado miembro, pero el Ejecutivo de Rajoy la deriva a las comunidades autónomas. Es lo que ha hecho en su fase inicial. A los 79 millones para Extremadura se les suman 50 aproximadamente adjudicados a Andalucía, o 60 a Castilla y León. La sanción se reflejó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de junio y a España le correspondería pagar en total 270,5 millones.

Para la Comisión Europea, España no contabilizó bien entre 2007 y 2014 lo que era propiamente dehesa y lo que eran pastos con la aplicación del llamado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos que, en la práctica, reduce las superficies declaradas como pastos. Un coeficiente sobre el que ha habido discrepancias en cuanto a su justa utilización.

Su desarrollo es asunto del Sigpac, el sistema que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por agricultores y ganaderos en cualquier régimen de ayudas. La aplicación de la PAC a los pastos arbolados y arbustivos, incluida la dehesa, viene generando dificultades en cuanto a su consideración como superficie pastable.

De forma resumida: se excluye de ahí terreno que es de aprovechamiento ganadero, con derecho a ayuda, pero que no se admite como tal. Y Bruselas considera que se han pagado subvenciones que no se correspondían por ese motivo.

Doble vía judicial

Se trata de un debate de fondo para la Junta, Bruselas desconoce el sistema de la dehesa, su aprovechamiento y su valor pero ahora mismo el debate es económico porque incide directamente en las cuentas de la Administración extremeña, de otras regiones y del propio Ministerio. Los tribunales, tanto el Supremo como el de la UE, tienen ahora la última palabra sobre las multas.

Nada más constituido el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, en septiembre de 2015, recibió la comunicación por parte del Gobierno de que la región debía asumir 20 millones de multa por los coeficientes de las campañas de 2007 y 2008. La Administración autonómica se negó y finalmente el Ejecutivo central admitió pagar la mitad.

«No aceptamos que nos toque pagar ni esos 10 millones ni otros que nos quiere repercutir posteriormente el Gobierno», resume Yolanda García Seco, directora general de la PAC de la Junta.

El argumento genérico del Gobierno extremeño es sencillo. «Si hay un fallo del Sigpac, del sistema que está en manos del Fega (Fondo Español de Garantía Agraria), es un fallo del Gobierno», resume.

En el caso concreto de la primera sanción de 10 millones, la directora general de la PAC recuerda además que ni el propio Fega ni el anterior Gobierno regional del PP recurrieron la multa.

«Se les pasó el plazo. Ante esta circunstancia debe ser el Gobierno quien debe asumir eso. Hay que recordar que la PAC es una negociación entre Estados miembros en la que las regiones no tenemos poder decisorio». El gabinete de Vara ha recurrido ante el Supremo la decisión del Ministerio para no hacer frente a esos 10 millones.

Para la última sanción por el coeficiente de pastos, el Ministerio de Agricultura sí ha presentado a tiempo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Mientras se resuelve, Madrid ha iniciado el proceso de traslado de esa multimillonaria multa de 270,5 millones a las comunidades autónomas donde el sistema adehesado tiene un peso social, ambiental y agroganadero muy notable. Extremadura es la más afectada.

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